"Hubiese dejado la ayuda y tratar de arreglar mi trámite que me afectaría económicamente".

Sonia Teco recibió asistencia de cupones de alimentos mientras esperaba por su tarjeta de residencia hace unos años. Aunque la regulación conocida como la "carga pública" de la administración Trump ya no le afectaría ahora, piensa que muchos la pensarán dos veces para tomar ayuda.

"Iba a ser una decision muy dificil, como lo sé que quizás sea ahora para la gente que la está tomando y le está afectando", agregó Teco.

Ante el miedo que ya está generando el reglamento en la comunidad inmigrante, la Fiscal General del Estado Letitia James se unió a otros 17 estados que están demandando a la Casa Blanca por su política de negar o difícultar la residencia permanente a los que reciben asistencia pública. 

"Los inmigrantes ahora se esconden en las sombras por miedo del gobierno y eso no debería suceder", dijo James.  

James asegura que esas políticas de la Administración Trump son discriminatorias y racistas contra los inmigrantes y que en muchos casos son personas pobres y de bajos ingresos. La demanda que se presentó hoy en Nueva York argumenta que es incorrecta la definición de "carga pública" que está utilizando el gobierno.

"El señor que está en la Casa Blanca lo ha dicho él mismo. Que el fin y al cabo él no quiere personas de esos países. ¿Verdad? ¿lo ha hablado verdad? como si fueran unos países asquerosos los cuales no quiere personas que sean inmigrantes", dijo el senador estatal Gustavo Rivera.

También temen que los inmigrantes que necesiten atención médica por enfermedades crónicas pongan sus vidas en peligro para no afectar sus trámites de residencia permanente.

"Si personas que tienen enfermedades infecciones y no pueden venir a recibir el cuidado que ellos necesitan es posible para transmitir estas infecciones, estas enfermedades", explicó el doctor Mitchell Katz, presidente de NYC Health+Hospitals.

La fiscal presentó esta demanda en nombre del Estado de Nueva York junto a Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York.

"Nuestro intento es que esta regla nunca se efectúe porque no queremos ver a las comunidades más perjudicadas de lo que ya están", dijo Max W. Hadler, de la New York Immigration Coalition.

"Cuando resistimos, cuando nos unimos, cuando peleamos ganamos por una causa justa", dijo por su parte Estela Vásquez, vice presidenta del sindicato 1199 SEIU.

Y ellos esperan que por medio de esta demanda las cortes pueden detener la implementación de la regla de carga de cargo pública que estaría entrando en efecto el próximo 15 de octubre.