"Si esto le cuesta el puesto algún político, eso no le va importar en este momento. Necesitamos salvar la vida de las personas", dijo la asambleísta de Queens Catalina Cruz.
Políticos como Cruz quieren que no se revierta la reforma que permite a los acusados permanecer en casa esperando juicio y fueron enfáticos en la necesidad de liberar el mayor número posible de reos de las prisiones de la ciudad.
Esto a pesar de una carta enviada por los fiscales de los cinco condados pidendo prudencia y criticando el proceso que llaman apresurado para seleccionar a aquellos que no representen un peligro para la sociedad. Entre los signatarios está la fiscal Melinda Katz de Queens, quien fue diagnosticada con la enfermedad del coronavirus.
"Tengo un hijo que tiene 54 años. El tiene una condición médica, tiene asma y solamente tiene un riñón y varias complicaciones", dijo Rosa Saldaña, quien tiene un hijo en la cárcel.
El testimonio de Rosa y la petición desesperada, dicen, es compartida por un número importante de familias latinas de los alrededor de 5,000 reclusos que quedan tras las primeras condonaciones de sentencia.
"Según el gobernador como se preocupa de nuestros ancianos. Somos muchos que tenemos hijos e hijas en prisión y si él no le concede liberación de clemencia a los ancianos de seguro este virus es una sentencia de muerte para mi hijo y todos los que son ancianos y enfermos que ya tienen complicaciones médicas", agregó Saldaña.
La preocupación se extiende no solamente a los reos, siete de los cuales se calcula podrían contagiarse de una sola persona que tenga COVID-19 dentro de las instalaciones carcelarias, sino también a los custodios y personal de estos centros penitenciarios.
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